Sobre una hipotética ley de estatal de arquitectura

  por 18838897_485683611772217_176104379128373265_n.

Si le explicamos a cualquier persona no relacionada con la arquitectura que la recientemente aprobada Ley 12/2017, de 6 de julio, de la arquitectura de Cataluña dedica más del 50% de su articulado a la contratación pública, seguramente le resultará extraño, teniendo en cuenta la existencia de la Ley de Contratos del Sector Público. Cabría pensar que la ley catalana pretende fomentar el concurso de ideas y la búsqueda de la calidad arquitectónica, pero es todo lo contrario: se limita el concurso de ideas de forma que “(…) sólo puede convocarse cuando sea necesario disponer de ideas o propuestas para orientar la decisión del sector público de Cataluña de intervenir en la situaciones territoriales en que la asunción de distintos valores y supuestos alternativos de diseño pueden conducir a resultados muy diferentes entre sí” y, sin embargo, se obliga a que las licitaciones se realicen en la modalidad de concurso de proyectos restringido a un número limitado de participantes.

Debe ser la Ley de Contratos del Sector Público la que recoja cualquier especificidad relacionada con los servicios de redacción de proyectos de edificación y su dirección de obras

Ley contratos públicos

Este es uno de los aspectos más sorprendentes de esta ley autonómica de la que no existía una demanda significativa por parte del colectivo de arquitectos, y mucho menos en ese sentido de restricción a los procedimientos de licitación pública (las demandas parecen ir en sentido contrario, reclamando mayor posibilidad de participación y exigiendo que las solvencias técnicas y económicas sean acordes con el tipo de trabajo y no tan altas). La maniobra de la ley catalana más bien parece encaminada a descargar de trabajo y de trámites de revisión, valoración, comprobación… por parte de los convocantes. Por ello, debemos estar atentos al posible desarrollo de una ley de arquitectura estatal, que el CSCAE se está preocupando de fomentar sin que exista una participación abierta de los colegiados españoles. A todas luces, no debe ser una ley de arquitectura la que regule los tipos de procedimientos de contratación pública y si lo que se persigue es la calidad arquitectónica, es muy importante tener en cuenta que los edificios y espacios públicos promovidos por las administraciones públicas son, en general, de buena calidad pese a las importantes bajas que los licitadores se ven obligados a realizar para optar al trabajo, por lo que se antoja contradictorio que una ley cuyo objetivo principal es fomentar la calidad arquitectónica restrinja la participación de cualquier interesado. En cualquier caso, debe ser la Ley de Contratos del Sector Público la que recoja cualquier especificidad relacionada con los servicios de redacción de proyectos de edificación y su dirección de obras.

Y, si esto es así, ¿de qué debe ocuparse una ley de arquitectura?

En palabras de Jordi Ludevid i Anglada, presidente del CSCAE, necesitamos una Ley de Arquitectura y Habitabilidad que regule y dé forma a aspectos clave como ”(…) la sensibilización de la sociedad ante los valores arquitectónicos, la defensa del patrimonio, la mejora de la habitabilidad a través de la promoción del proyecto arquitectónico y urbanístico y un entorno construido de calidad”.

Ante esta rotunda afirmación del representante de los arquitectos es necesario preguntarnos qué nos gustaría que dijera esa ley. Y también qué nos gustaría que no dijera. Yo me centraré en esto último, ya que lo ideal es que toda nueva ley no se ocupe de aspectos ya regulados por otras normativas porque, para eso, todos los esfuerzos deberían centrarse en la modificación o actualización de las disposiciones legales existentes. Es importante destacar que el desarrollo de nuestra profesión, que fundamentalmente es el desarrollo de la Arquitectura, está ampliamente regulado a través de normativas que ya se ocupan de los aspectos que, según el presidente del CSCAE, deben ser tratados por la nueva ley. No hay que olvidar que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), además de especificar las titulaciones habilitantes necesarias en el proceso edificatorio y las responsabilidades de técnicos y constructores, se ocupa de definir los requisitos básicos de la edificación, que han sido desarrollados en el Código Técnico de la Edificación (CTE), y que junto a ciertas determinaciones de los planes generales (superficie mínima de estancias, condiciones de distribución, condiciones de ventilación e iluminación…), suponen la cuantificación y caracterización de las exigencias de habitabilidad y de seguridad de los edificios. ¿Es necesaria una ley que vuelva a regular estos aspectos? Ludevid incide en la necesidad de promoción del proyecto arquitectónico, pero es la propia LOE la que establece cuándo es necesario un proyecto de edificación, lo que no quiere decir que en obras que no requieren proyecto no se deban atender las exigencias de seguridad, habitabilidad, funcionalidad y accesibilidad en relación con las obras previstas.

 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  y las leyes autonómicas sobre el patrimonio ya incluyen determinaciones para la protección y conservación de edificios y entornos urbanos de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. De forma complementaria, el planeamiento general suele incluir Catálogos de edificios protegidos con el objeto de asegurar la protección arquitectónica. ¿Es necesaria una ley que vuelva a regular estos aspectos? Probablemente los esfuerzos deban ir dirigidos a la protección del patrimonio arquitectónico contemporáneo, pero siempre teniendo en cuenta y remitiendo a las leyes vigentes.

Por otro lado, uno de los objetivos perseguidos por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas es fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la pobreza energética. Así mismo, pretende fomentar actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Es necesaria una ley que vuelva a regular estos aspectos?

 

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Debemos tener claro de qué asuntos se debería ocupar la, por algunos, ansiada ley estatal para que sea útil y, sobre todo, cuáles deben ser los procedimientos para garantizar los objetivos teniendo en cuenta las críticas realizadas a la recientemente publicada Ley de Arquitectura de Cataluña, en la que han participado estamentos colegiales y que, en resumidas cuentas, se ha centrado en definir unos órganos consultivos que valoren la calidad y deban emitir un informe en el proceso de concesión de licencia de obras y en limitar a determinados tipos de procedimientos y tramitaciones las licitaciones públicas de proyectos. Controlar el proyecto sin unos criterios definidos y limitar el acceso a las licitaciones parece que no es el camino adecuado que garantice la calidad arquitectónica. O, al menos, no es el deseable para la mayoría de los arquitectos que vuelven a ver como una corporación que los representa adopta directrices contrarias a la opinión colectiva (como ocurre, por ejemplo, con el visado colegial defendido por las juntas de gobierno como garantía de calidad y rechazado en general por los colegiados).

La promoción de una ley estatal de arquitectura no ha sido una reclamación de la mayoría de los profesionales como sí lo son otros asuntos relacionados con el ejercicio profesional.

Lo cierto es que la promoción de una ley estatal de arquitectura no ha sido una reclamación de la mayoría de los profesionales como sí lo son otros asuntos relacionados con el ejercicio profesional, como la fijación de unos honorarios mínimos o el establecimiento de una regulación que permita licitaciones transparentes y con criterios y requisitos proporcionales a cada  tipo de trabajo. No obstante, sería deseable un foro abierto en el que todos los arquitectos y estudiantes de arquitectura pudieran aportar ideas y sugerencias para conseguir, si llega el caso,  una ley que fomente la calidad de la Arquitectura, su promoción como actividad artística y creativa y su divulgación al conjunto de la sociedad.

 

2g asesoramiento

[G]

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